La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP), en resolución de 26 de noviembre de 2025 (BOE de 9 de marzo de 2026), ha reiterado el carácter objetivo del cierre registral por falta de depósito de cuentas anuales, descartando cualquier excepción basada en causas justificativas alegadas por la sociedad.
El pronunciamiento resulta especialmente relevante para despachos profesionales y asesorías, al confirmar que el incumplimiento de esta obligación mercantil produce efectos automáticos, con independencia de las circunstancias que lo hayan motivado.
El caso se plantea a raíz de la negativa del Registro Mercantil a admitir el depósito de las cuentas anuales del ejercicio 2024, al no constar previamente depositadas las correspondientes al ejercicio 2023, conforme a lo dispuesto en el artículo 282 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 378 del Reglamento del Registro Mercantil.
La sociedad alegó una imposibilidad material sobrevenida, derivada de la falta de acceso a la documentación contable como consecuencia de la actuación de su anterior gestoría, solicitando una interpretación flexible del régimen de cierre registral.
La DGSJFP desestima el recurso y reafirma que el cierre registral opera de forma automática una vez incumplida la obligación de depósito dentro del plazo legal.
En este sentido, señala que la normativa aplicable no contempla excepciones en función de la causa del incumplimiento, por lo que no cabe introducir criterios de flexibilidad basados en circunstancias subjetivas, como la imposibilidad material o la actuación de terceros.
El cierre de la hoja registral impide la inscripción de documentos posteriores mientras no se regularice la situación, bien mediante el depósito de las cuentas pendientes o mediante la acreditación de la falta de aprobación en los términos previstos en el artículo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil.
La resolución subraya que el cierre registral responde a una lógica de orden público vinculada a la función de publicidad mercantil. Su finalidad es garantizar la transparencia y la seguridad jurídica en el tráfico económico.
Por ello, su aplicación es objetiva y no depende de la conducta o buena fe de la sociedad, ni de las circunstancias que hayan impedido el cumplimiento de la obligación.
El criterio reiterado por la DGSJFP refuerza la necesidad de un estricto cumplimiento de las obligaciones de depósito de cuentas, ya que:
• El cierre registral se produce de forma automática tras el incumplimiento
• No se admiten excepciones por causas justificativas o de fuerza mayor
• La regularización es condición imprescindible para reactivar la hoja registral
• La falta de depósito bloquea la inscripción de actos societarios
La resolución confirma que el régimen de cierre registral no admite interpretaciones flexibles, consolidando un criterio riguroso que obliga a las sociedades y a sus asesores a anticipar y gestionar adecuadamente el cumplimiento de esta obligación mercantil esencial.
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