El sector inmobiliario se encuentra nuevamente bajo una atención especial por parte de la Agencia Tributaria. El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2026 sitúa a esta actividad entre los ámbitos prioritarios de supervisión fiscal, en un contexto de reactivación del mercado tras varios años de ralentización.
Para los despachos profesionales y asesores fiscales, este nuevo escenario implica una mayor exigencia en la planificación fiscal, la documentación de operaciones y la correcta aplicación de deducciones. La Administración tributaria intensificará el análisis de determinadas prácticas habituales en el sector que, en ocasiones, han generado contingencias fiscales relevantes.
La Administración considera que el crecimiento reciente del mercado inmobiliario incrementa el riesgo de determinadas prácticas fiscales irregulares. Por ello, el plan de control de 2026 prevé reforzar las actuaciones inspectoras en actividades vinculadas a la promoción, intermediación y arrendamiento de bienes inmuebles.
Entre los principales objetivos de estas actuaciones se encuentra verificar que las estructuras utilizadas en las operaciones inmobiliarias responden a una lógica económica real y que los beneficios fiscales aplicados cumplen con los requisitos exigidos por la normativa.
En particular, la Agencia Tributaria prestará especial atención a la correcta declaración de ingresos, la coherencia entre la actividad desarrollada y los resultados declarados, así como a las estructuras societarias utilizadas en determinadas operaciones.
Uno de los aspectos que centrará el control fiscal es la deducción de los gastos financieros vinculados a operaciones inmobiliarias. En numerosas promociones o inversiones inmobiliarias, el recurso a financiación externa es habitual, lo que genera un volumen significativo de intereses deducibles.
Sin embargo, la Administración revisará con mayor detalle:
Para los asesores fiscales resulta especialmente relevante analizar si las operaciones presentan una justificación económica suficiente y si los criterios de deducibilidad se aplican conforme a los límites establecidos en la normativa del Impuesto sobre Sociedades.
Otro de los focos de actuación será la utilización abusiva de subcontrataciones en proyectos inmobiliarios. En el ámbito de la promoción y construcción es habitual recurrir a empresas externas para ejecutar determinadas fases de las obras.
No obstante, la Agencia Tributaria examinará con mayor intensidad aquellas situaciones en las que:
Estas prácticas pueden generar riesgos tanto en el ámbito del IVA como en el Impuesto sobre Sociedades, además de posibles responsabilidades solidarias en determinadas circunstancias.
El plan de control también señala que se prestará especial vigilancia a las actividades de intermediación en la venta y arrendamiento de bienes inmuebles, un segmento en el que operan desde agencias inmobiliarias tradicionales hasta plataformas digitales.
La Administración intensificará las comprobaciones para verificar:
El crecimiento de plataformas digitales y nuevos modelos de intermediación ha incrementado la complejidad de este ámbito, lo que explica el refuerzo de los controles.
El refuerzo del control sobre el sector inmobiliario confirma una tendencia creciente: la Administración tributaria centra sus esfuerzos en sectores económicos con elevado volumen de operaciones y potencial riesgo fiscal.
Para los despachos profesionales, este escenario exige reforzar la revisión de determinadas operaciones inmobiliarias, especialmente en materia de financiación, subcontratación y estructuras societarias.
Una adecuada planificación fiscal, acompañada de una documentación sólida de las operaciones, será clave para minimizar contingencias en un entorno en el que la Administración dispone de cada vez más herramientas de análisis y control.
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