El Tribunal Constitucional ha reforzado las garantías procesales en los procedimientos penales declarados secretos. En una reciente sentencia, el alto tribunal establece que los investigados tienen derecho a conocer el contenido de las pruebas esenciales que fundamentan su ingreso en prisión provisional, incluso cuando la causa esté declarada secreta conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La resolución, dada a conocer mediante nota informativa, subraya que este acceso resulta imprescindible para ejercer adecuadamente el derecho de defensa, tanto antes de que se acuerde la medida cautelar como para impugnarla una vez adoptada.
El caso analizado por el Constitucional se refería a un procedimiento tramitado en la Audiencia Nacional y declarado secreto. Al investigado se le comunicó que los hechos que se le atribuían derivaban de “conversaciones captadas y grabadas” y de “otras diligencias de investigación tecnológica y limitativas de derechos fundamentales”, sin mayor concreción.
La defensa solicitó acceder al contenido de esas grabaciones en tiempo y forma. La petición fue denegada al considerarse suficiente la información facilitada, y se acordó la prisión provisional, decisión posteriormente confirmada en apelación.
El Tribunal Constitucional entiende que esa comunicación resultó insuficiente.
La sentencia recuerda que ya en 2017 el propio tribunal fijó doctrina sobre el derecho del investigado a conocer los hechos y las razones que motivan su incriminación, así como a acceder a los elementos esenciales de prueba que fundamentan una medida de privación de libertad.
Ahora insiste en que no puede tratarse de un acceso meramente formal. Facilitar referencias genéricas a fuentes de prueba no garantiza el derecho de defensa si impide o dificulta impugnar la decisión de prisión.
El acceso debe abarcar no solo diligencias tradicionales —como declaraciones testificales o informes periciales— sino también medios de investigación tecnológica regulados en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El Constitucional precisa que la garantía de acceso a los elementos esenciales de la investigación debe mantenerse durante todo el tiempo en que el investigado permanezca privado de libertad.
Corresponde al órgano judicial determinar, de forma motivada, qué actuaciones pueden quedar excluidas del acceso por no ser esenciales y para no comprometer la eficacia de la investigación. Pero esa restricción no puede vaciar de contenido el derecho de defensa.
En el caso concreto, el tribunal aprecia que el documento entregado al investigado no aportaba datos suficientes sobre las grabaciones: no se especificaba de qué conversaciones se trataba, desde qué terminales se realizaron ni con qué interlocutores. Esa falta de concreción impidió un control efectivo de la medida cautelar.
El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo y declara vulnerados los derechos fundamentales a la libertad personal y a la defensa. En consecuencia, declara la nulidad de las resoluciones impugnadas.
No obstante, no adopta medidas adicionales de reparación, dado que el recurrente ya había quedado en libertad en diciembre de 2025.
Con esta sentencia, el Constitucional delimita el alcance del secreto de las actuaciones y reafirma que la investigación penal, incluso en su fase más reservada, no puede desarrollarse al margen de las garantías esenciales que protegen el derecho a la libertad y a la defensa efectiva.
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