La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado el tratamiento fiscal de una cuestión que venía generando dudas en numerosos procedimientos de insolvencia y segunda oportunidad: la tributación en el IRPF de las ganancias patrimoniales derivadas de ventas tuteladas de inmuebles que no constituyen vivienda habitual.
En su consulta vinculante V0029-26, de 9 de enero de 2026, el organismo concluye que estas operaciones pueden quedar exentas en el IRPF cuando se encuadran dentro de mecanismos concursales o procesos de cancelación de deuda amparados por la Ley de la Segunda Oportunidad.
El criterio resulta especialmente relevante para asesorías fiscales, despachos especializados en insolvencia y contribuyentes inmersos en procesos de reestructuración financiera.
La consulta analiza la situación de un contribuyente afectado por un procedimiento de ejecución hipotecaria sobre un inmueble distinto de su vivienda habitual.
La entidad financiera acreedora asumía la gestión de una venta tutelada del inmueble, aceptando además una quita y una operación de dación en pago destinadas exclusivamente a cancelar la deuda pendiente.
El contribuyente había tramitado previamente un procedimiento concursal abreviado bajo el marco de la Ley de la Segunda Oportunidad, concluido con la exoneración del resto de deudas, salvo el préstamo hipotecario asociado al inmueble transmitido.
La cuestión planteada ante Tributos era si la eventual ganancia patrimonial derivada de la operación debía tributar en el IRPF o podía acogerse a alguna exención.
La DGT parte de una premisa clara: la exención prevista en el artículo 33.4.d) de la Ley del IRPF para las daciones en pago vinculadas a vivienda habitual no resulta aplicable en este supuesto.
El inmueble objeto de transmisión no tenía la consideración de residencia habitual del contribuyente, por lo que, en principio, la operación quedaba fuera de este beneficio fiscal específico.
Sin embargo, el organismo desplaza el análisis hacia otro ámbito normativo mucho menos conocido, pero cada vez más relevante en los procedimientos de insolvencia personal.
La clave de la resolución se encuentra en la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley del IRPF, que regula la exención de determinadas rentas obtenidas en procesos concursales.
Esta disposición permite dejar exentas las rentas generadas por:
Siempre que las deudas no procedan de actividades económicas.
La DGT considera que la operación analizada encaja dentro de este marco excepcional, al estar directamente vinculada a un procedimiento concursal y a un mecanismo de cancelación de deuda supervisado por la entidad financiera.
Uno de los aspectos más relevantes del criterio administrativo es que la exención no desaparece, aunque el inmueble se transmita a un tercero y no directamente al banco.
Tributos recuerda que la dación en pago no pierde su naturaleza jurídica cuando es la propia entidad acreedora quien impone o acepta que la transmisión se formalice a favor de otro adquirente designado por ella.
De este modo, la Administración mantiene una interpretación amplia del concepto de dación en pago dentro de contextos concursales y de segunda oportunidad.
La consulta refuerza el peso que está adquiriendo la normativa de segunda oportunidad en el ámbito tributario.
Para asesorías fiscales y despachos especializados, el pronunciamiento aporta un criterio relevante en operaciones donde hasta ahora existía una importante incertidumbre sobre la tributación de las ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones inmobiliarias forzadas o supervisadas por entidades financieras.
Además, confirma que la fiscalidad de estas operaciones no puede analizarse únicamente desde la óptica tradicional del IRPF, sino también desde la interacción entre la normativa tributaria y los mecanismos concursales de cancelación de deuda.
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