La creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) supuso un paso clave en el desarrollo del sistema español de protección de denunciantes. Sin embargo, la exigencia normativa no se quedó en la implantación de canales internos: desde el 10 de febrero ya es posible —y obligatorio cuando proceda— comunicar a la AIPI los nombramientos y ceses del Responsable del Sistema Interno de Información (RSII).
Para los nombramientos efectuados con anterioridad a esa fecha, el plazo de comunicación es de dos meses desde el 10 de febrero, es decir, hasta el 10 de abril.
La obligación de contar con un Sistema Interno de Información (SII) y designar un RSII alcanza, entre otros, a:
En todos estos casos, no solo debe implantarse el canal interno, sino que debe designarse formalmente un responsable y comunicar su nombramiento a la AIPI.
La normativa exige algo más que disponer de un buzón de denuncias. La designación del RSII debe formalizarse y notificarse ante la Autoridad.
Esto implica que las entidades obligadas deben:
El sistema deja así de ser una mera exigencia organizativa interna para convertirse en una obligación también registral y verificable por la autoridad supervisora.
Para asesores fiscales, laborales y jurídicos que acompañan a sociedades obligadas, la revisión debe ser inmediata:
La activación del trámite ante la AIPI marca el inicio de una fase de supervisión efectiva. El cumplimiento ya no es solo interno ni documental: queda constancia ante la Autoridad estatal.
En este nuevo escenario, la prevención de riesgos pasa por anticiparse. Porque en materia de protección del informante, la omisión formal puede convertirse en un incumplimiento sustantivo.
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