La Agencia Tributaria ha puesto el foco en determinadas estructuras empresariales utilizadas para generar créditos fiscales elevados que permiten a los socios reducir de forma significativa su factura tributaria. En concreto, el fisco ha abierto una campaña específica de inspección sobre el uso de Agrupaciones de Interés Económico (AIE) cuando se detectan indicios de que los beneficios fiscales asociados no responden a la realidad económica de la actividad desarrollada.
Las AIE son instrumentos plenamente legales y habituales en sectores como la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) o las producciones audiovisuales. Su funcionamiento es conocido: se constituyen para canalizar inversiones privadas hacia proyectos concretos y, al no tributar por el Impuesto sobre Sociedades, trasladan directamente a sus socios las pérdidas, ganancias y deducciones fiscales generadas.
Este diseño permite que los financiadores asuman fiscalmente las pérdidas del proyecto y, al mismo tiempo, se beneficien de deducciones y bonificaciones previstas por la ley para fomentar actividades estratégicas. El resultado es que una inversión que no llegue a ser rentable desde el punto de vista económico puede compensarse, en parte o incluso con creces, mediante ahorros fiscales.
El problema surge, según la Agencia Tributaria, cuando estas estructuras se utilizan para ir más allá del objetivo para el que fueron creadas. La Inspección está analizando dos cuestiones clave. La primera, si existe realmente una actividad válida que justifique la aplicación de incentivos fiscales, especialmente en el ámbito de la I+D. Si no hay proyecto real, la estructura completa puede quedar invalidada.
La segunda cuestión es más técnica, pero igualmente relevante: la posible inflación artificial de los costes del proyecto. Hacienda investiga si los importes facturados a la AIE reflejan el coste real de la actividad o si se han sobredimensionado con el único objetivo de generar mayores pérdidas fiscales y, por tanto, créditos fiscales más elevados para los socios inversores.
En estos casos, la Inspección suele comenzar revisando a la propia AIE y a la empresa desarrolladora del proyecto para determinar el coste real de la actividad. Una vez fijada esa cifra, la regularización se traslada al socio financiador, que es quien finalmente se ha beneficiado de las deducciones y compensaciones indebidas.
Este endurecimiento del control no es improvisado. El Plan Anual de Control Tributario ya advertía de que se intensificaría la vigilancia sobre el uso de AIE como vehículos para canalizar deducciones fiscales. Hacienda considera imprescindible comprobar que se cumplen todos los requisitos legales y que los beneficios fiscales no se apoyan en presupuestos simulados o alejados de la realidad económica.
El mensaje de la Administración es claro: las AIE siguen siendo instrumentos válidos para financiar proyectos y aplicar incentivos fiscales, pero no pueden convertirse en mecanismos para inflar artificialmente créditos fiscales ni para desvirtuar el sentido de los beneficios previstos por la ley.
Para los socios financiadores, este cambio de enfoque supone un aumento del riesgo fiscal. La regularización puede llegar años después de realizada la inversión, cuando los créditos fiscales ya se han aplicado, con el consiguiente impacto económico y sancionador.
El refuerzo de las inspecciones confirma una tendencia: Hacienda no cuestiona el incentivo fiscal en sí, pero sí su utilización abusiva. En un contexto de creciente escrutinio, la clave estará en acreditar con rigor la realidad de los proyectos, la razonabilidad de los costes y la coherencia entre la inversión realizada y los beneficios fiscales obtenidos.
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