Barcelona acogió ayer un debate imprescindible sobre uno de los grandes desafíos de nuestro sistema fiscal: la litigiosidad tributaria.
En la sede de Foment del Treball se presentó el informe “El problema de la litigiosidad tributaria en España. Propuestas de solución y mejora desde la perspectiva de las empresas”, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), la jornada tuvo lugar con la participación de Asociación Española de Servicios Avanzados a Empresas (AESAE), Acountax Madrid Abogados y la Fundación Lafer.
La jornada puso de relieve que la conflictividad tributaria no es una cuestión meramente estadística. Impacta directamente en la seguridad jurídica, en la previsibilidad normativa y en la competitividad empresarial. El debate evidenció que el actual nivel de litigiosidad constituye un síntoma de desajuste entre la normativa, la gestión administrativa y la realidad económica de las empresas.
El acto contó con la intervención de Salvador Guillermo, Valentín Pich, Leopoldo Gandarias y Bernardo Soto, quienes analizaron el impacto económico y estructural de la litigiosidad tributaria, situándola como un factor que condiciona la inversión, la planificación empresarial y la confianza en el sistema fiscal.
A lo largo de la jornada se describió un marco normativo caracterizado por la complejidad, la inestabilidad y la ambigüedad interpretativa. Las empresas operan en un entorno donde las normas cambian con frecuencia y los criterios pueden diferir entre órganos administrativos e incluso tribunales.
Este escenario favorece las discrepancias con la Administración Tributaria y desemboca en procedimientos largos y costosos. El tiempo de resolución fue señalado como uno de los principales focos de inseguridad jurídica, al prolongar durante años la incertidumbre sobre la corrección de las actuaciones empresariales.
Asimismo, se destacó que la intensificación de la presión recaudatoria y la escasez de vías alternativas eficaces han contribuido a una escalada de la conflictividad.
La visión empresarial fue expuesta por Ramón M.ª Calduch Farnós, presidente de la Asociación Española de Servicios Avanzados a Empresas (AESAE) y Adade / E-Consulting, quien calificó la situación sin ambigüedades:
“La litigiosidad tributaria en España es un problema estructural, profundo y cada vez más preocupante.”
El Sr. Calduch puso el foco en el impacto económico directo de esta conflictividad:
“Los litigios consumen recursos que deberían destinarse al crecimiento, la innovación o la creación de empleo.”
El marco normativo complejo, inestable y en ocasiones contradictorio, unido a la disparidad de criterios administrativos y judiciales, genera incertidumbre y obliga a las empresas a destinar recursos significativos a la defensa jurídica.
Desde AESAE se plantearon propuestas concretas orientadas a reconstruir la confianza en el sistema: simplificación y estabilidad normativa; impulso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos; fomento de una relación más dialogante entre Administración y contribuyentes; agilización de los procedimientos contenciosos; y revisión del régimen sancionador para evitar penalizaciones desproporcionadas ante errores razonables.
En este sentido, el presidente de AESAE subrayó:
“Necesitamos una Administración que informe, que oriente y que busque soluciones, en lugar de una que sancione por defecto.”
La conclusión compartida durante el encuentro fue que la reducción de la litigiosidad no es únicamente una cuestión procesal, sino una condición necesaria para mejorar la competitividad empresarial y reforzar la confianza en el sistema tributario.
El informe presentado, publicado en la Revista del Instituto de Estudios Económicos, no pretende cerrar el debate, sino ofrecer una base técnica para avanzar hacia un sistema más eficiente, más justo y más alineado con la realidad económica.
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