El Real Decreto-ley 11/2025, de 21 de octubre, publicado en el BOE núm. 254 del 22 de octubre, introduce medidas orientadas a reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Su finalidad principal es garantizar una atención integral y continuada a las personas diagnosticadas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible.
Esta disposición da cumplimiento al mandato de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, que instaba a adaptar los servicios sociales y sanitarios a las necesidades específicas de estos pacientes, caracterizados por una evolución rápida, un alto nivel de discapacidad y la necesidad de cuidados especializados.
La principal aportación del Real Decreto-ley es la creación del Grado III+ de dependencia extrema, una nueva categoría dentro del SAAD. Este grado se aplicará a las personas que ya tengan reconocido el Grado III de dependencia y estén diagnosticadas con ELA u otras enfermedades de alta complejidad que impliquen una dependencia total para las actividades básicas de la vida diaria.
Este nuevo reconocimiento conlleva un nivel mínimo de protección específico, con una prestación económica de 4.930 euros mensuales, garantizada por la Administración General del Estado. La prestación podrá destinarse exclusivamente a servicios de ayuda a domicilio o a asistencia personal, con el objetivo de asegurar una supervisión pública y atención especializada 24 horas.
El Real Decreto-ley introduce cambios en tres normas esenciales:
Estas modificaciones refuerzan la coherencia normativa y aseguran una aplicación inmediata del nuevo marco jurídico.
Para la ejecución de estas medidas, el Real Decreto-ley aprueba un suplemento de crédito de 500 millones de euros, distribuidos de la siguiente forma:
Ambas partidas se integran en el presupuesto del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y serán transferidas al IMSERSO para su gestión y posterior distribución entre las comunidades autónomas, de acuerdo con los criterios aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales.
El Real Decreto-ley también introduce una disposición transitoria para coordinar su aplicación con el Real Decreto 667/2025, que regula subvenciones al Consorcio Nacional de Entidades de ELA (ConELA). De este modo, se evita la duplicidad de ayudas y se garantiza la correcta asignación de los recursos públicos destinados a la atención domiciliaria y sociosanitaria.
El nuevo marco normativo supone un avance significativo en la consolidación de los derechos de las personas dependientes, especialmente de aquellas con enfermedades degenerativas y de evolución rápida. Desde la perspectiva jurídica, plantea nuevos escenarios en materia de reconocimiento de prestaciones, tramitación administrativa y defensa de derechos sociales.
Los despachos especializados en Derecho Social, Sanitario o Administrativo deberán prestar especial atención a la aplicación práctica del Grado III+, tanto en la gestión de prestaciones como en la revisión de procedimientos de dependencia, posibles incompatibilidades y coordinación con los servicios autonómicos.
La creación del Grado III+ de dependencia extrema no solo representa un paso adelante en la protección de las personas más vulnerables, sino también un ejercicio de coherencia legislativa con la Ley 3/2024. Su impacto se extenderá al ámbito jurídico, sanitario y social, exigiendo una colaboración activa entre profesionales, administraciones y entidades del tercer sector.
Garantizar que estas medidas se traduzcan en una atención real y efectiva será el verdadero desafío en la consolidación de un sistema de dependencia más justo, humano y eficiente.
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