El Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre las rentas que deben valorarse para reconocer la pensión asistencial por ancianidad a españoles de origen retornados. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en su sentencia 543/2026, de 29 de abril, establece que no solo deben computarse los ingresos de la persona solicitante.
Cuando exista una unidad económica familiar, también deben tenerse en cuenta las rentas de quienes convivan con la persona beneficiaria y estén unidos a ella por matrimonio o parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado.
El procedimiento partió de la solicitud presentada por una española retornada que carecía de ingresos propios y convivía con su esposo y una nieta.
La Administración denegó la prestación porque los ingresos de la nieta superaban el límite previsto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló esa decisión al considerar que solo debían valorarse las rentas de la solicitante.
El Tribunal Supremo rechaza esa interpretación y recuerda que esta pensión se encuentra equiparada a la jubilación no contributiva. Esa equiparación obliga a aplicar las mismas reglas para determinar si existe una verdadera situación de insuficiencia económica.
Por tanto, cuando la persona solicitante convive dentro de una unidad económica familiar, el análisis no puede limitarse a sus ingresos individuales. También deben computarse las rentas reales de los familiares que integran legalmente esa unidad.
La sentencia aclara que no todas las personas que comparten domicilio quedan incluidas automáticamente. Solo forman parte de la unidad económica quienes conviven con la persona beneficiaria y están unidos a ella por matrimonio o por consanguinidad hasta el segundo grado.
La resolución introduce, no obstante, una distinción importante. El hecho de que un familiar permita a la persona solicitante vivir en su domicilio no puede considerarse, por sí mismo, una renta o un ingreso.
El acogimiento familiar no equivale a una prestación económica ni puede computarse como si fuera una renta de trabajo. Sin embargo, esta ayuda material no impide que los ingresos propios del familiar deban tenerse en cuenta cuando este forme parte de la unidad económica prevista por la ley.
En el caso examinado, el problema no estaba en la vivienda ofrecida por la nieta, sino en sus ingresos reales, cuya cuantía superaba el límite aplicable para acceder a la prestación.
Con esta sentencia, el Tribunal Supremo declara que para reconocer la pensión asistencial por ancianidad deben valorarse tanto las rentas propias de la persona solicitante como las de los integrantes de su unidad económica familiar.
Aplicando este criterio, estima el recurso de la Administración, anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y confirma la denegación de la prestación.
La resolución resulta especialmente relevante porque fija un criterio claro para futuros expedientes: la situación de necesidad debe analizarse desde una perspectiva familiar y no únicamente individual.
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