El Ministerio de Trabajo avanza hacia la implantación del nuevo sistema digital de registro de jornada, que sustituirá los tradicionales partes en papel por soluciones tecnológicas con trazabilidad y control en tiempo real.
Según fuentes oficiales, el Real Decreto que regulará esta medida podría publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a comienzos de 2026, y una vez publicado, autónomos y pequeñas empresas dispondrán únicamente de 20 días naturales para adaptarse al nuevo modelo.
El día 20 de octubre de 2025 se cerró la fase de consulta pública, luego, pasará al Consejo de Estado y, una vez revisado, será aprobado en Consejo de Ministros, sin necesidad de tramitación parlamentaria.
Este procedimiento abre la puerta a que el decreto entre en vigor en los primeros meses de 2026, lo que deja poco margen de preparación para el tejido empresarial.
El objetivo del Ministerio es claro: avanzar hacia un sistema digital, trazable y accesible telemáticamente por la Inspección de Trabajo, mejorando la transparencia y el control horario.
El punto más sensible es el plazo de solo 20 días naturales para cumplir con las nuevas exigencias una vez se publique la norma.
Esto significa que miles de negocios deberán abandonar los registros manuales y adoptar herramientas digitales homologadas en apenas tres semanas.
Aunque la medida busca reforzar la transparencia y el cumplimiento laboral, el margen de implantación resulta especialmente ajustado para microempresas y autónomos que aún no cuentan con software de registro.
Ante esta inminente reforma, las asesorías tendrán un rol esencial acompañando a sus clientes en la selección e implantación de herramientas digitales que cumplan con los nuevos requisitos legales.
La recomendación es clara: no esperar al último momento. Evaluar opciones, verificar la compatibilidad con los sistemas actuales y formar a las personas trabajadoras será fundamental para evitar sanciones o incumplimientos.
El nuevo control horario digital marca un paso firme hacia la modernización del ámbito laboral, pero también una prueba de organización y anticipación para las empresas.
Las asesorías que se adelanten a este cambio podrán ofrecer un valor añadido decisivo a sus clientes: convertir una obligación inminente en una oportunidad para mejorar la gestión interna y la seguridad jurídica.
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